LAS ARMAS DEL NARCOTRAFICO

EEL90 por ciento de las armas que utiliza el narcotráfico en México provienen de Estados Unidos, el otro 10 por ciento ingresa por Centroamérica. El gobierno de ese país reconoce que cada día cruzan por la frontera común dos mil armas, esto es, 730 mil al año. El flujo es permanente y en los últimos años se ha incrementado.

Los carteles mexicanos tienen acceso al mercado de armas más grande y menos regulado del mundo a través de los tres mil 200 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos. Las rutas más utilizadas, son: San Isidro-Tijuana; Calexico-Mexicali; Yuma-San Luis Río Colorado; Nogales-Nogales; El Paso-Ciudad Juárez; Del Río-Ciudad Acuña; Eagle Pass-Piedras Negras; Laredo-Nuevo Laredo; Roma-Ciudad Miguel Alemán; Hidalgo-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

De estos 11 puntos fronterizos, cuatro en el Pacífico y siete en el Golfo, las armas se distribuyen a los estados donde el narcotráfico tiene mayor presencia. El 80 por ciento son de fabricación estadounidense y el 20 por ciento de origen europeo. Las autoridades de Estados Unidos reconocen que en las armerías de su país “sin mayor requisito, se vende el arsenal más moderno”.

El modus operandi del narcotráfico para adquirir las armas es conocido por las autoridades estadounidenses. Se reclutan ciudadanos de ese país que compran en las armerías, como lo hace cualquier persona, para luego entregarlas a los narcotraficantes o ellos mismos introducirlas a México. En la gran mayoría de los casos, esto también se sabe, el vendedor conoce o sospecha que el comprador es un prestanombres de los narcotraficantes, pero aun así le vende.

El gobierno de Estados Unidos, en los hechos, más allá de las declaraciones, no está interesado, le resulta muy costoso y complicado en razón de su política interior, en frenar el contrabando. Sólo destinan 125 agentes e investigadores a vigilar el tráfico de armas, mientras que más de 25 mil elementos de la Patrulla Fronteriza intentan evitar el ingreso de los indocumentados. Las prioridades son muy claras.

En los estados del sur de Estados Unidos, los limítrofes con México, existen más de cien mil comercios que venden armas, de los cuales 12 mil son armerías formales. A eso se añaden las ferias Gun Show que se instalan los fines de semana en muchas ciudades. Aquí también prestanombres, al servicio de los carteles, compran armas a pedido. Las leyes, pero también las autoridades de Estados Unidos, son muy permisivas en este tema.

En mayo del año pasado, por ejemplo, George Inkadosian, un reconocido proveedor de los carteles mexicanos al que se le comprobó que les había vendido 200 fusiles de asalto AK-47, logró su liberación en Phoenix, Arizona, mediante una fianza de 75 mil dólares. El agente especial, William Newell, quien detuvo a Inkadosian, asume que las armas empleadas por los carteles mexicanos son adquiridas en su país.

Las autoridades de Estados Unidos reconocen que en las fronteras controladas por ellos sólo se intercepta el 0.18 por ciento de todas las armas que pasan por ellas. Del lado de las aduanas mexicanas las cosas no son mejores. Las autoridades incautaron 27 mil armas de un total de un millón 460 mil que ingresaron entre 2007 y 2008.

Ante estos números, es imposible pensar que sea por falta de capacidad profesional o técnica que el personal de las aduanas de Estados Unidos y de México no detecte los vehículos cargados, entre otras armas, de cohetes antitanques M-72 y AT4, lanzagranadas MGL y lanzacohetes RPG-7. Además de todo tipo de armas convencionales.

Sin la desidia de las autoridades y una estructura de corrupción bien organizada en las aduanas fronterizas de los dos países no sería viable la dimensión del trasiego de armas que tiene lugar todos los días a lo largo del año. Existe también un contrabando hormiga importante, pero éste no explica la introducción de la mayor parte de las armas.

En la medida en que las autoridades privilegian la estrategia punitiva en el combate al narcotráfico, sobre la de salud pública, obliga, aunque no lo quieran, a que los narcotraficantes destinen recursos, no importa cuántos, para dotarse del poder de fuego que les permita hacerles frente. Los niveles de enfrentamiento crecen y con ellos la violencia. Es, sin duda, un problema complejo y de difícil solución.

Posdata: Fernando Savater, el filósofo español, dijo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en diciembre de 2008, que: “La cruzada irracional, puritana e injustificada contra la droga va a causar la ruina de muchas democracias. El narcotráfico se alimenta de la persecución de la droga” y añadió: “Dudo que países como México, Bolivia o Colombia logren entrar en una oxigenación democrática auténtica mientras tengan esa losa del narcotráfico, la cual vive de quienes están empeñados en convertir en dogma el que toda droga debe perseguirse.” Se puede o no estar de acuerdo con él, pero hay que pensar en lo que dice.

EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO

     EL NARCOTRAFICO Y LA LUCHA DEL ACTUAL GOBIERNO

A pesar de otros antecedentes de importancia, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, en rigor puede afirmarse que solamente con la Convención de Viena, de 1988 la comunidad internacional pudo acendrar el consenso en torno a la definición de una estrategia uniforme para enfrentar los embates del narcotráfico. A partir de su concepción como delito de carácter transnacional, en lo que tiene que ver con la oferta de sustancias sicoactivas, se hizo evidente la necesidad de que los Estados parte adquirieran el compromiso de armonizar sus ordenamientos jurídicos internos y se hicieran a instrumentos adecuados para someter a un tratamiento similar a quienes se dedican a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, evitando así la existencia de países de refugio o de fuga.  

El esfuerzo de la actual administración, sin duda impulsado por la posición asumida por los Estados Unidos -como expresión de una diplomacia coercitiva que es injusta en tanto unilateral y desmedida en tanto sus efectos perjudicaron al país entero y no sólo a los narcotraficantes-, ha sido significativo y ya comienza a mostrar resultados.

A continuación se presenta un informe del estado de avance de algunos de los aspectos más trascendentes en esta materia, no sin advertir que en temas como el del control y detección de precursores químicos, Colombia ha actuado de manera mucho más aguerrida que el resto de los países suscriptores de la Convención de Viena, de 1988, al incluir como sustancias controladas químicos e insumos que, en el resto del mundo, se comercializan libremente, y al celebrar acuerdos derivativos de la Convención con varios Estados en los que también se ha ampliado el catálogo de químicos recogidos en otros instrumentos internacionales. Igualmente, ha de destacarse el esfuerzo realizado para remediar factores estructurales que afectan en buena medida el funcionamiento de nuestro sistema de Justicia, como se refleja en las actividades que se vienen implementando para el montaje de unidades especializadas en investigación y juzgamiento -policía judicial y fiscalías- de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
 

EL PROBLEMA DEL NARCOTRAFICO

        EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO
La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares, porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína.
La ilegalidad de la industria de la droga le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales.

El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Las drogas afectan a la salud de quienes las consumen, y en particular la de los jóvenes y los niños. Las diversas opciones para combatir la droga se discuten tanto a nivel de los países involucrados, como en el plano internacional. Bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, se esta configurando una política basada en el principio de responsabilidad compartida, en el respeto a la soberanía de los Estados, en la eliminación del uso de la fuerza y en la no injerencia en los asuntos internos de los países, todos objetivos loables pero quizás contradictorios.

La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras nacionales, y que se extiende a todos los continentes. El carácter clandestino o subterráneo de la economía de la droga, dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de estupefacientes.
         
Colombia sufre desde los años setenta el estigma de ser la principal productora y exportadora de cocaína en el mundo. Más allá de la multitud de ideas urdidas al respecto, sin embargo, los efectos económicos, políticos y sociales del narcotráfico en la marcha del país han sido tan enormes como difíciles de evaluar con certeza. [1]

Para algunos especialistas la economía colombiana misma depende ya en cierta medida de los ingresos del narcotráfico, en especial las cuentas externas. Los carteles de la droga se han fortalecido porque han logrado infiltrarse en la estructura política del país. Una parte de los cuantiosos ingresos provenientes del narcotráfico, consideran los estudiosos, se destina a la inversión, genera empleos y contribuye a financiar el creciente déficit externo, mantener la estabilidad cambiaria y contar con altas reservas monetarias, lo cual explicaría la reciedumbre de Colombia frente a problemas financieros internacionales. El reciente "efecto tequila", por ejemplo, tuvo pocas repercusiones en el país, mientras que en otras naciones latinoamericanas obligó a severos ajustes económicos.
Otros analistas, en cambio, aseguran que se ha distorsionado la naturaleza del problema del narcotráfico en Colombia. Por el grado de desarrollo alcanzado por el país, sostienen, la economía no depende tanto de la droga y subsiste la capacidad soberana del Estado para combatirla. También desestiman las bondades económicas del fenómeno al considerar que el desmedido ingreso de narcodólares desequilibra la demanda interna, afecta la producción transable, altera los precios, genera expectativas sin bases sólidas y suscita, a largo plazo, un caos total.
Mediante el presente trabajo buscaremos analizar los diferentes aspectos que influyen en la construcción y el desarrollo de la consolidación del narcotráfico en nuestra sociedad buscando examinar el problema desde el mayor número de perspectivas posibles.